En su análisis, el exfuncionario calificó el texto en debate como "bastante flojo", argumentando que, en lugar de agilizar los procesos judiciales, los volverá "más lentos de lo insoportablemente lentos que ya eran". Además, señaló que la implementación de esta reforma implicaría un aumento en el costo de la justicia penal, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Una de las principales advertencias de Domínguez Brito es que la reforma podría conducir a un incremento en la cantidad de personas en prisión preventiva, lo que agravaría el problema de hacinamiento en las cárceles del país, llenándolas aún más con individuos de escasos recursos acusados de delitos menores.

No obstante, el exprocurador general enfatizó que el riesgo más significativo radica en la posibilidad de que la normativa mantenga "espacios de impunidad" para el crimen organizado, los atracadores y otras estructuras delictivas que atentan contra la seguridad ciudadana.

Ante este panorama, Domínguez Brito ha hecho un llamado a los legisladores para que revisen exhaustivamente la propuesta de reforma. Les insta a apostar por un código que realmente fortalezca la persecución penal, reduzca la impunidad y responda de manera efectiva a las necesidades actuales en materia de seguridad pública que demanda la sociedad dominicana. La crítica de una figura con la experiencia de Domínguez Brito pone de relieve la importancia de un debate profundo y responsable sobre esta reforma crucial para el sistema de justicia.