Según la fiscalía, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio y lesiones involuntarias, luego de sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización y tanques de agua, ignorando advertencias internas sobre su deterioro para evitar gastos en reparaciones.

“Contamos con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados”, señaló el comunicado oficial del Ministerio Público.

Tras la tragedia, los dueños fueron arrestados pero liberados bajo fianza de cincuenta millones de pesos (equivalentes a unos 842.500 dólares), mientras se desarrollaba la investigación.

El caso generó una ola de indignación pública y más de cincuenta demandas civiles por parte de familiares de las víctimas, incluidas las hijas de Rubby Pérez, quienes denunciaron privilegios judiciales hacia la familia Espaillat, propietaria también de un grupo de medios de comunicación y un restaurante en la capital dominicana.

De acuerdo con la legislación local, el delito de homicidio involuntario prevé penas de tres meses a dos años de prisión, mientras que los cargos por golpes y heridas involuntarios contemplan sanciones similares dependiendo de la gravedad de los daños.