Según los representantes del FP, si bien reconocen que algunas provincias sufrieron el impacto de las lluvias torrenciales y requieren asistencia, consideran que otras demarcaciones no deberían haber sido declaradas en estado de emergencia.

La diputada Selinée Méndez ha manifestado escepticismo, señalando que las cifras dispuestas por el presidente Luis Abinader no se corresponden con los daños reales observados en las zonas afectadas. Méndez advierte que la ausencia de un diagnóstico técnico preciso podría obstaculizar el uso eficiente de los fondos.

Jorge Tavárez, otro diputado del FP, reconoció la vulnerabilidad de algunas comunidades, pero cuestionó la necesidad de invertir 12 mil millones de pesos, calificando la suma como excesiva y merecedora de un análisis más profundo. El diputado criticó la facilidad con la que se manejan grandes sumas de dinero y la constante dependencia de préstamos para financiar estas iniciativas.

Ante las críticas, legisladores oficialistas han defendido la medida, asegurando que el presidente Abinader actúa con el propósito de responder rápidamente a las necesidades de las provincias y familias afectadas, y no por motivaciones políticas. El diputado Aníbal Díaz afirmó que la inversión responde a un diagnóstico del impacto real del huracán en el país. Carlos Sánchez, otro legislador oficialista, aseguró que los recursos se destinarán a ayudar a las familias damnificadas y a restablecer los servicios e infraestructuras, priorizando la eficiencia sobre la politización que caracterizó a gestiones anteriores.

El anuncio del presidente Abinader sobre la inversión de 12 mil millones de pesos especifica que los fondos se distribuirán entre diversas instituciones, incluyendo el Banco Agrícola, Promipymes, el Ministerio de Agricultura, las alcaldías, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), los ministerios de Obras Públicas y Comunidades (MOPC), Educación (Minerd) y Salud Pública y Asistencia Social.

El objetivo es apoyar a productores, comerciantes y comunidades, reparar infraestructuras y prevenir enfermedades.

La polémica en torno a la asignación de fondos pone de manifiesto las tensiones políticas y las diferentes perspectivas sobre la gestión de recursos en situaciones de emergencia en la República Dominicana.