La flexibilización no suspende la Ley 340-06, pero la deja en modo “semáforo apagado”: se aceleran adquisiciones, se eliminan licitaciones largas y se abre la vía rápida del dinero público. Lo que para el Gobierno es “agilidad”, para la oposición es la excusa perfecta para usar el desastre natural como cortina de humo.

El diputado Charlie Mariotti advirtió que esta medida “faculta al Gobierno para ejecutar compras directas sin rendir cuentas al Congreso”. Ramón Raposo, del PRD, fue directo: un estado de excepción “abriría las puertas para satisfacer intereses particulares”. Y Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, fue todavía más claro: el país “ha sabido manejar situaciones similares sin necesidad de un estado de emergencia” y alertó que la medida puede convertirse en “un espacio para negociaciones opacas o actos de corrupción”.

Mientras tanto, el Gobierno se escuda en la urgencia y promete transparencia, auditorías y publicación de contratos. Pero la historia dominicana tiene memoria: cada vez que el Estado declara emergencia, aparecen contratistas mágicos, facturas infladas, obras que no se completan y funcionarios que luego dicen “yo no sabía”.

La tormenta Melissa dejó destrucción, sí. Pero el decreto 627-25 puede dejar algo peor: otra tormenta, esta vez financiera, donde el agua no arrasa casas, sino presupuestos. Y si no hay control ciudadano, la emergencia será menos meteorológica que política. La pregunta no es si había que actuar rápido, sino quién se beneficiará más de este “modo exprés”: las comunidades afectadas o los amigos del poder.