La adolescente fue trasladada al centro tras haber dado a luz en el municipio de Higüey, a unos 165 kilómetros de Santo Domingo, pese a que tanto ella como su madre aseguran haber nacido en la República Dominicana, donde rige el principio del ius sanguinis (nacionalidad por filiación).

Desde abril pasado, un protocolo vigente en 33 hospitales vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, lo que ha sido criticado por la ONU y Amnistía Internacional. Simón Pérez, coautor del informe “Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana”, explicó que la política migratoria “afecta a haitianos que tienen su documentación migratoria en regla”.

Pérez agregó que estos ciudadanos “son sometidos a los llamados procesos de depuración, en los que se les detiene y se les envía a un centro de detención para la revisión de documentación que el mismo Estado dominicano les entregó, como por ejemplo, la cédula de extranjero”.

Además, denunció que existe una discriminación sistemática contra los haitianos respecto a otras nacionalidades, como la venezolana: “El número de deportaciones no se corresponde con el número de inmigrantes de las diferentes nacionalidades que están en situación migratoria irregular, sino que hay una sobrerrepresentación, muy grande, de las personas inmigrantes haitianas”.

Las medidas implementadas por el Gobierno también están generando un auge del tráfico y la trata de personas, al aumentar la vulnerabilidad de los migrantes deportados o que buscan evitar la detención. Organizaciones sociales y activistas denuncian que las políticas de Abinader priorizan la seguridad nacional y los intereses políticos sobre la protección de derechos humanos fundamentales, afectando especialmente a mujeres, niñas y niños haitianos.

A nivel nacional, las deportaciones y redadas masivas han provocado indignación y debate sobre la proporcionalidad de las acciones del Estado. Mientras el Gobierno de Abinader defiende estas medidas como necesarias para proteger recursos y servicios públicos, expertos y defensores de derechos humanos exigen una revisión inmediata de las políticas migratorias para garantizar un trato digno y justo para todos los ciudadanos, sin importar su origen.