Sin embargo, las palabras de Abinader contrastan con la realidad que atraviesan los medios locales. Lejos de garantizar un periodismo libre, el Gobierno ha destinado millones de pesos de las arcas públicas en pauta oficial, configurando un sistema en el que la publicidad estatal se convierte en herramienta de control político y económico.

Diversos medios y periodistas independientes han denunciado que esta práctica condiciona la libertad editorial, dado que los medios que dependen de esos fondos suelen evitar críticas al Gobierno por temor a perder contratos publicitarios.

Paradójicamente, mientras el presidente advierte que “las dictaduras comienzan limitando a la prensa” y alerta sobre los peligros de la desinformación —al afirmar que “la mentira viaja más rápido que la verdad”—, su administración promueve una narrativa única, cuidadosamente construida a través de una inversión millonaria en comunicación oficial.
En los principales diarios, radios y canales de televisión, la figura presidencial ocupa un espacio predominante, mientras las voces opositoras o críticas quedan relegadas o directamente excluidas de la pauta pública.

El mandatario también recordó que República Dominicana figura entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa, según el Índice Chapultepec de la SIP. No obstante, esa posición contrasta con un panorama interno en el que la concentración de recursos públicos en campañas de autopromoción del Gobierno pone en duda la autenticidad de esa “libertad”.

Abinader citó a Gabriel García Márquez al decir que “la prensa es la mejor escuela de formación política porque enseña a los pueblos a pensar”, y concluyó que “la libertad no es un punto de llegada, sino un camino”.
Pero la práctica diaria de su gestión parece ir en sentido contrario: mientras el presidente habla de pluralidad y transparencia, su administración financia una maquinaria mediática que ensordece las críticas y privilegia la propaganda.

En definitiva, el discurso de Abinader ante la SIP suena más a ejercicio de relaciones públicas que a compromiso real con la libertad de prensa. Porque en República Dominicana, la línea que separa la publicidad institucional del control informativo se ha vuelto cada vez más difusa —y la democracia, cada vez más dependiente de los fondos del Estado que definen qué voces se escuchan y cuáles deben callar.