¿Estado o sistema organizado de corrupción?: Abinader y todo el organismo público está más sucio que una papa

En un giro inesperado, un documento confidencial filtrado ha destapado presuntas irregularidades en el Gobierno de Luis Abinader, específicamente en el ámbito de las comunicaciones oficiales.
El informe revela cómo Abel José Guzmán Then, subdirector de Comunicaciones de la Presidencia, habría solicitado la creación de contenido que favoreciera la imagen del mandatario, utilizando recursos públicos para fines políticos. Este tipo de prácticas, si se confirman, podrían constituir un uso indebido de fondos estatales y una violación a las normativas éticas que rigen la administración pública.
🚨 ¡ESCÁNDALO EN SENASA: CORRUPCIÓN QUE ROBA LA SALUD! 😡 SENASA se hunde en un fraude descarado: millones desviados a empresas como Grupo Read, pagos millonarios sin servicios, un déficit de 3,300 millones y morosidad del 44%. Abinader, que defendió a la dirección y dice… pic.twitter.com/tAWsNA39L5
— Johnny Arrendel (@johhnyarrendel) September 14, 2025
La filtración ha generado un amplio revuelo en la opinión pública, reavivando las críticas hacia el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por presuntos actos de corrupción.
A pesar de las declaraciones del presidente Abinader, quien ha afirmado que en su Gobierno "no permitirá impunidad de ningún tipo" y ha enviado informes sobre irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a la Procuraduría General de la República, la filtración de este documento sugiere que aún persisten prácticas cuestionables en el manejo de los recursos públicos.
Además, el caso de SeNaSa, que involucra la autorización de miles de procedimientos médicos ficticios mediante un "call center paralelo", ha evidenciado un esquema fraudulento que movilizó decenas de millones de pesos a través de contratos irregulares y empresas vinculadas a exfuncionarios.
A pesar de las promesas de lucha contra la corrupción, los hechos recientes sugieren que aún persisten prácticas que socavan la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estas denuncias y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y asegurar que los fondos del Estado se utilicen de manera ética y responsable.