Además, la funcionaria reveló que su oficina ha remitido entre cinco y seis informes a la Procuraduría General de la República, los cuales contienen indicios de posibles delitos penales. Entre estos informes se encuentra el denominado "caso Lobo", que ya ha sido publicado en el portal del órgano persecutor.

En cuanto a los acuerdos judiciales en casos de corrupción, el presidente Luis Abinader prefirió no emitir opinión, respetando la independencia del Ministerio Público en la toma de decisiones.

Este esfuerzo por parte de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental subraya el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La Ley 41-08 de Función Pública establece las normas y principios que rigen la conducta de los funcionarios públicos, y su cumplimiento es fundamental para garantizar la integridad y la eficiencia en el servicio público.

La entrega de estos expedientes y los informes a la Procuraduría General de la República representan un paso importante en la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura de ética en el gobierno.