La tensión comenzó cuando los residentes de Mirebalais forzaron el cierre de la central eléctrica de Péligre por segunda vez, exigiendo mayor seguridad para poner fin al terror y a la ocupación de pandillas en la zona.

En un gesto de protesta aún más evidente, algunos vecinos sabotearon cinco torres de la línea de alto voltaje de 115 mil voltios de EDH, responsable del suministro a la capital y su área metropolitana. Aunque el gobierno prometió evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias, hasta ahora no ha mostrado avances significativos, según reporta el diario digital Haití Libre.

Se estima que las reparaciones podrían tardar hasta seis meses, debido a que los equipos necesarios deben ser importados desde el extranjero. Actualmente, la empresa privada E-Power provee solo 26 megavatios de energía rotativa, una cantidad insuficiente para cubrir la demanda de Puerto Príncipe.

Por otra parte, las centrales térmicas carecen de combustible; por ejemplo, Carrefour III requiere 18 mil galones de diésel para operar durante ocho horas.

La población acusa a las autoridades estatales de complicidad con las pandillas, lo que ha intensificado la indignación popular. Robinson Mazarin, integrante de la sociedad civil de Mirebalais, denunció maniobras políticas tras bambalinas de ciertos funcionarios.

Según Mazarin, los miembros del Consejo Presidencial de Transición están divididos y cada facción tiene agentes que influyen en la población local, contribuyendo al debilitamiento de la central de Péligre.

Mazarin subrayó que no se necesita diálogo, sino acciones concretas: desplegar agentes del orden y equiparlos adecuadamente para operar en Mirebalais. Solo así, afirmó, la electricidad podrá regresar a Puerto Príncipe.