Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, comentó: “El presidente Abinader consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género. La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas”.

La organización destaca que la República Dominicana ya enfrenta altas tasas de mortalidad materna, con un porcentaje significativo relacionado con abortos inseguros. Además, el nuevo código presenta otras deficiencias que exacerban la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, como la prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra adultas y una tipificación regresiva de la violencia sexual en el contexto de pareja.

Estas omisiones, según Amnistía Internacional, reflejan una visión patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Ante esta situación, la organización insta a las autoridades y al Congreso Nacional a enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las personas LGBTIQ+ sean pilares fundamentales de la legislación penal.