Empresarios en pie de guerra contra la reforma a la Ley de Residuos Sólidos

El proyecto de modificación a la Ley 225-20 fue aprobado en el Congreso pero enfrenta un rechazo generalizado del empresariado y del sector turístico, que alertan sobre su impacto económico, su carácter impositivo y la falta de consulta previa.

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) denunció que el artículo 20 de la iniciativa impone el uso obligatorio de combustibles derivados de residuos en hornos cementeros, sin que exista un mercado estructurado para esos insumos y en violación del principio de libertad empresarial. Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, cuestionó además la inclusión de esta disposición sin debate ni sustento técnico.

En sintonía, la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) advirtió sobre un aumento del 275 % en la contribución especial para la gestión de residuos, así como la posible conformación de monopolios regionales que limitarían la libre competencia. También objetó la exclusión del sector privado del fideicomiso que manejará los fondos y la ausencia de vistas públicas durante el proceso legislativo.

El sector de las mipymes, a través de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), alertó que las nuevas cargas pondrían en riesgo la viabilidad de miles de negocios. Según estimaciones de la entidad, algunos emprendedores pasarían de pagar RD$500 a RD$3,000 mensuales por la gestión de residuos, mientras que las medianas empresas asumirían costos adicionales de hasta RD$675,000 anuales. Codopyme ya anunció que impulsará acciones legales para declarar inconstitucional la reforma.

Desde el turismo, más de una decena de asociaciones —incluidas Asonahores, Adeti, Adecor y Ashoresa— denunciaron que la normativa ignora por completo el problema del sargazo, impone la entrega obligatoria de residuos a gestores únicos y genera condiciones para monopolios que podrían comprometer la operatividad del sector.

Aunque todos los sectores coinciden en la necesidad de modernizar la gestión de residuos, critican el carácter apresurado de la reforma, la falta de rigor técnico y el escaso diálogo con los actores involucrados.

Reforma laboral: perimida por falta de consenso y tiempo

Otro de los grandes proyectos del oficialismo, la reforma al Código de Trabajo, quedó archivado tras agotar dos legislaturas sin lograr aprobación definitiva. A pesar de haber sido votado en primera lectura en ambas cámaras, el texto no alcanzó su segunda discusión en Diputados y, por tanto, perimió.

La iniciativa proponía regulaciones sobre teletrabajo, trabajo doméstico y conciliación laboral, pero su punto más conflictivo fue la intención de modificar el régimen de cesantía, impulsada por el sector empresarial y rechazada por los sindicatos. Según el senador Rafael Barón Duluc, presidente de la comisión que estudió el proyecto, el texto podrá ser reintroducido con ajustes y mayores consensos.

Las discrepancias sobre el costo del despido han sido notorias: mientras que estudios privados lo estiman en hasta un 140 % del salario base, organismos como el BID lo ubican por debajo del 30 %, e incluso en 6.34 % si se considera una tasa promedio de despidos.

El Código Penal, última carta del Congreso

Con la reforma laboral fuera del tablero, el Congreso ha centrado su esfuerzo legislativo en aprobar el nuevo Código Penal, una iniciativa postergada durante años y que ahora figura como prioridad en la legislatura extraordinaria extendida hasta el 15 de agosto por el decreto presidencial 409-25.

Pese al renovado impulso, el proyecto enfrenta observaciones críticas de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, principalmente sobre el uso de cámaras durante arrestos y el riesgo de abuso de poder por parte de agentes de seguridad. Aun así, los legisladores se muestran optimistas sobre su aprobación antes del cierre de la legislatura.

Reformas pendientes y un llamado al diálogo

Además de los tres proyectos más visibles, otras reformas de alto impacto quedaron en el camino: la ley de seguridad social, la normativa de alquileres, la ley de aguas, la reforma a la libertad de expresión, la ley de ciberseguridad y la ley de alimentación escolar. En contraste, sí lograron avanzar leyes como la de fiscalización del Congreso, la de Contrataciones Públicas y la que regula la sucesión de altos cargos.

En este contexto, diversas organizaciones empresariales y sociales reiteraron la necesidad de que el Ejecutivo promueva reformas con diálogo técnico, transparencia y participación, evitando imponer cambios que podrían tener consecuencias económicas y sociales de largo alcance.

La decisión final está ahora en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá optar entre promulgar leyes cuestionadas por su legitimidad o dar marcha atrás y reabrir el diálogo con los sectores productivos del país. La tensión entre gobernabilidad, reformas estructurales y consenso social vuelve a poner a prueba la capacidad del gobierno para sostener un modelo democrático de toma de decisiones.