Según se informó, esta unidad estará encargada de prevenir, detectar y dar seguimiento a posibles irregularidades dentro del sector público. Además, tendrá la facultad de realizar auditorías internas, revisar procedimientos administrativos y colaborar con otras entidades fiscalizadoras del Estado, como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General.

La directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, señaló que la implementación de esta unidad responde a la necesidad de contar con herramientas más eficaces para enfrentar posibles actos de corrupción o mal manejo de fondos públicos.

“Es un paso más en la construcción de un Estado transparente y ético, alineado con los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional”, expresó Ortiz Bosch.

Uno de los ejes principales de la Unidad Antifraude será la creación de una plataforma digital para la recepción de denuncias, la cual estará disponible tanto para empleados públicos como para ciudadanos.

Esta herramienta permitirá canalizar de forma confidencial la información sobre posibles irregularidades administrativas, brindando protección a quienes denuncien de buena fe.

La iniciativa forma parte del Plan de Gobierno Abierto y de otras acciones que buscan reforzar la institucionalidad democrática. A su vez, se enmarca en el cumplimiento de estándares promovidos por organismos internacionales como la ONU y la OEA en materia de lucha contra la corrupción.

Desde distintos sectores se valoró positivamente la creación de este nuevo órgano, aunque se planteó la necesidad de asegurar su independencia operativa y dotarla de recursos suficientes para que pueda actuar de manera efectiva.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia indicaron que será clave monitorear el funcionamiento de la unidad en el corto y mediano plazo, para evaluar su impacto real en la gestión pública.

Con esta medida, el Gobierno busca enviar un mensaje claro de compromiso con la ética institucional y la mejora de los controles internos, en un contexto donde el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones es considerado un desafío prioritario.