Según un comunicado oficial de la DGM, las empresas sancionadas, dedicadas principalmente a la distribución de ropa, enseres del hogar, electrodomésticos y otras mercancías, violaron lo dispuesto en el artículo 132 de la citada ley, que prohíbe la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en el país.

Las multas impuestas oscilan entre 5 y 30 salarios mínimos del sector público, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El organismo detalló que seis de las empresas multadas pagaron las sanciones de manera voluntaria, cinco solicitaron reconsideración, dos casos están siendo procesados en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y las doce restantes se encuentran en proceso de notificación ante las instancias correspondientes.

La DGM destacó que estas acciones forman parte de un plan nacional para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria, promover un mercado laboral ordenado y proteger la seguridad, el orden y los derechos ciudadanos.

“Con estas sanciones se busca fortalecer el marco legal vigente, apoyar la economía formal, respetar la igualdad de oportunidades y prevenir prácticas ilícitas que afecten la estabilidad social”, afirmó la institución.

Asimismo, los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular que fueron encontrados trabajando en estas empresas, fueron trasladados al centro de retención de indocumentados en Haina, San Cristóbal, para su identificación, depuración y posterior deportación a sus países de origen.

La DGM reiteró su compromiso de continuar con operativos de inspección a nivel nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.