La propuesta de Ortiz Bosch surge tras conocerse que al menos 47 alcaldes y 34 diputados no cumplieron con su obligación de declarar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas, tal como lo exige la legislación vigente.

Según explicó, el proceso sancionador solo se inicia si la PGR declara formalmente la omisión, lo que podría derivar en la inhabilitación del funcionario por cinco años para ejercer cargos públicos, además de otras posibles sanciones.

Durante una reunión con distintas entidades del sistema nacional de control, la funcionaria fue tajante: “La ley existe desde 2014, pero nunca se ha aplicado a fondo”, y recalcó que la responsabilidad de ejecutar el régimen disciplinario recae en la Cámara de Cuentas, no en el Ejecutivo.

Ortiz Bosch también aclaró que las suspensiones temporales impuestas por el Ejecutivo no constituyen sanciones reales, sino apenas medidas de presión administrativa para forzar el cumplimiento de las obligaciones legales.

La funcionaria concluyó con un mensaje directo: para que el sistema de control sea efectivo, las instituciones deben actuar conforme a la ley y sin demoras, remitiendo los casos de omisión patrimonial a la Procuraduría para su correspondiente tratamiento.