Se observó una actitud evasiva: Antonio llegó escoltado y en silencio a la cárcel de Ciudad Nueva, mientras Maribel fue ingresada más tarde tras sufrir convulsiones. Ambos fueron imputados y deberán esperar en prisión preventiva antes de enfrentar la audiencia.

Crisis de supervisión estatal

El escándalo revela un vacío institucional: no hubo inspecciones técnicas tras un incendio en 2023, y hasta la fecha, no se han identificado responsables políticos por la falta de control edilicio. Las autoridades, bajo el gobierno de Abinader, aún no explican por qué no actuaron.

Industria del ocio sin regulación

Solo dos meses después de la tragedia, medios extranjeros destacan cómo faltaron inspecciones básicas que hubieran evitado el colapso. El sistema regulatorio dominicano expone lagunas graves, y el arrastre del caso sugiere impunidad tolerada por el Ejecutivo.

Las reacciones populares son dramáticas: familiares de las víctimas acusan al Estado de mirar para otro lado. “Por fin empezó la investigación de verdad”, dijo uno de ellos, mientras que más de 60 querellas se han presentado contra los Espaillat, el Estado y el Ayuntamiento.

Justicia en marcha, pero tarde

Más de 200 personas ya fueron atendidas, y la última fue dada de alta apenas hace un par de días. Tanto la Procuraduría como los familiares piden que las investigaciones no se queden en los dueños: exigen que el gobierno también responda por los fallos de supervisión que permitieron la tragedia.

La detención de los Espaillat es solo el inicio de un proceso que podría revelar una cadena de negligencias estatales. Bajo un gobierno que presume de modernidad, la realidad muestra una clínica falta de control y una industria del entretenimiento con sobrepeso en impunidad.