El recurso fue sometido ante el Tribunal Superior Administrativo con una narrativa que, aunque contiene señalamientos válidos en cuanto a la legalidad del procedimiento, se percibe más como un intento de capitalizar políticamente un tema complejo, que una acción sería orientada a la búsqueda de soluciones reales y sostenibles.

Sin soluciones, pero con mucha bulla

El principal problema de esta acción legal en contra del alcalde Dio Astacio, radica en su falta de propuestas. Si bien es cierto que el artículo 9 de la Ley 63-17 otorga al INTRANT la facultad de regular el uso de las vías públicas y que el Ministerio de Medio Ambiente debe ser parte de cualquier política de residuos que impacte al entorno, también es cierto que la demanda no plantea ninguna alternativa concreta para el manejo de los desechos en uno de los municipios más poblados y con mayores retos estructurales del país.

En vez de apostar por el diálogo técnico y propositivo, los demandantes parecen más interesados en generar titulares y ganar tracción mediática. Este tipo de acciones, que buscan más "hacer sonido" que resolver, suelen terminar ahondando los problemas en lugar de contribuir a solucionarlos.

¿Improvisación o respuesta necesaria?

Los contenedores pueden no haber sido implementados bajo el protocolo ideal, pero es innegable que representan un intento —urgente, aunque perfectible— de enfrentar el gravísimo problema de la basura en el municipio. En un territorio donde los vertederos improvisados, el desorden en la recolección y la insalubridad han sido norma durante décadas, resulta al menos cuestionable que se ataque frontalmente una medida que, aunque perfectible, apunta en la dirección correcta: organizar la disposición de los residuos.

¿Debieron coordinar con el INTRANT? Sí. ¿Debieron consultar a Medio Ambiente? También. Pero la falta de estas autorizaciones, aunque preocupante desde el punto de vista institucional, no puede borrar el hecho de que por primera vez en mucho tiempo se está intentando una solución visible, directa y concreta a un problema que ningún alcalde anterior quiso asumir de frente.

El oportunismo disfrazado de institucionalidad

Resulta llamativo que algunos de los firmantes del recurso tengan una trayectoria marcada por aspiraciones políticas o actuaciones ligadas a agendas partidarias. Esto coloca un velo de duda sobre las verdaderas motivaciones de esta demanda en contra de Dio Astacio. En lugar de convocar mesas de trabajo, proponer soluciones técnicas o apoyar un rediseño del plan de gestión de residuos, han optado por el camino de la judicialización y el escándalo.

En tiempos donde la ciudadanía demanda acciones concretas y menos discursos, resulta contraproducente utilizar el aparato judicial como escenario político. El Tribunal Superior Administrativo tiene ahora la tarea de no solo dirimir una disputa legal, sino también de enviar un mensaje claro: que el uso del derecho no puede convertirse en un instrumento de manipulación mediática.